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¿Qué pasó con los matrimonios que se habían divorciado durante la República?

Tras la instauración de la República en España, se promulgaron diferentes leyes sobre derechos sociales. Una de ellas fue la del divorcio. En marzo de 1932, y con bastante polémica de por medio pero una mayoría aplastante, se aprobó la primera ley en la historia moderna de España que permitía deshacer un matrimonio.

Aunque España fue uno de los últimos países en tener divorcio (en 1932 solo quedaban por regularlo en Europa Italia y Portugal), la ley española era una de las más avanzadas hasta el momento. Se podía iniciar a instancia de cualquiera de los cónyuges, y también le reconocía a la madre (y no solo al padre) la patria potestad sobre los hijos. Esto era algo revolucionario en una época en que la mujer española había estado al servicio del hombre: primero de su padre, luego de su marido, y algunas empresas como Metro de Madrid les prohibían trabajar tras el matrimonio.

Para divorciarse había que aducir uno de los trece motivos que contemplaba la ley, entre los que estaban el adulterio no consentido, el abandono, las enfermedades venéreas contraídas por relaciones fuera de la pareja, la separación de hecho, la tentativa de prostituir a la mujer o a los hijos o los malos tratos.

El 2 de marzo de 1938, cuando el bando golpista ya había avanzado posiciones en la guerra, proclamó un decreto suspendiendo todos los pleitos de separación o divorcio. Y terminada ya la guerra, en 1939, llegaría el golpe más duro para las parejas separadas: el 23 de septiembre se promulgaba una ley derogando la del divorcio republicana.

Esta orden establecía que cualquier sentencia de divorcio sería anulada automáticamente a petición de uno de los cónyuges, que solo tenía que dar como razón su «deseo de reconstituir su legítimo hogar, o simplemente, el de tranquilizar su conciencia de creyentes». Es decir, si una mujer había pedido el divorcio por malos tratos, el marido podía conseguir que volviesen a estar casados legalmente, lo cual suponía convivencia obligada, ya que el abandono del hogar estaba castigado por ley.

Además, aunque ninguna de las dos personas quisiera deshacer el divorcio, ambas tenían prohibido volver a casarse mientras la otra estuviese viva. Del mismo modo, todos los matrimonios civiles celebrados entre divorciados también quedaban anulados a petición de «cualquiera de los interesados», de modo que podías conseguir que tu expareja, que se había casado con contra persona, tuviese que dejarla.

Harían falta 42 años más, hasta 1981, cuando los españoles recuperarían el derecho a terminar legalmente una relación privada con su pareja.